por JUAN OLIVA
(Universidad de Castilla La Mancha)
Durante años ha sido un tópico reiterado el señalar que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) representaba uno de los sistemas sanitarios de mayor éxito a nivel internacional. Sin duda, los indicadores generales de salud se encuentran entre los mejores del mundo (pero no olvidemos que la asistencia sanitaria es solo uno de sus determinantes) y los elementos rectores del SNS (universalidad, solidaridad, equidad) representan un logro social que ha demostrado todo su valor durante las últimas décadas y, especialmente, en los momentos más duros de la crisis. Y ello, puesto a disposición del ciudadano, financiado con impuestos generales, sin apenas copagos directos, y a un coste razonable en comparación con otros países.
Sin embargo, la crisis económica y la fuerte caída en los ingresos tributarios han puesto en estado de alerta a todas las partidas presupuestarias públicas. En el momento de escribir estas líneas, la información oficial sobre el gasto sanitario público consolidado nos indica que entre los años 2009 y 2012 se produjo una caída de 6.429 millones de euros. Adicionalmente, en el programa de estabilidad fiscal 2012-2015, el Ministerio de Economía se comprometía con el Consejo Europeo a rebajar el peso del gasto sanitario público en otros 7.267 millones de euros. Por tanto, el sistema sanitario público no está siendo una excepción al momento de fuerte contracción de recursos.
No obstante, más allá de la crisis y las restricciones presupuestarias actuales, desde hace tiempo se apuntaban elementos de tensión en el sistema sanitario que requerían cambios estructurales de profundo calado. La cuestión es si las políticas desarrolladas en los últimos tiempos, y las que están por llegar, están exclusivamente centradas en el control presupuestario o se han puesto en marcha medidas para avanzar en la eficiencia y equidad del sistema y apuntalar su solvencia. En otro lugar desarrollamos una hoja de ruta articulada en cuatro ejes básicos a aplicar en el sistema: reducción del despilfarro (infrautilización, sobreutilización, prevención de efectos adversos), unir financiación y utilización a la obtención de resultados en salud (financiación selectiva de las prestaciones médicas, los medicamentos y las tecnologías, rediseño de los copagos e integración de presupuestos huyendo de compartimentos entre niveles asistenciales), avanzar en la coordinación entre niveles y sistemas (atención primaria y especializada; sistemas sanitario y de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia; salud en todas las políticas) y promover el buen gobierno de la sanidad, buscando para ello la participación de los principales actores del sistema.
Un aspecto sobre el que conviene reflexionar es que si bien en numerosos documentos aparecidos en estos años hay amplio margen de coincidencia en el diagnóstico de los males que aquejan a nuestro sistema sanitario público, el pronóstico es mucho más incierto2. Las decisiones colectivas y las políticas puestas en práctica tendrán la clave sobre qué tipo de sistema tendremos en el futuro, basado en qué nociones de aseguramiento, fuentes de financiación, calidad de la asistencia prestada y equidad en el acceso a los recursos.
Lo deseable sería que los ciudadanos jugaran un papel clave en la formulación, debate, acuerdos y toma de decisiones al respecto. Para ello, una condición necesaria, aunque no suficiente, es contar con ciudadanos bien informados. En este sentido, mi reconocimiento al Observatorio Sanidad-FEDEA por la aportación de su grano de arena en este proceso y mis mejores deseos para que su existencia sea larga y fructífera.
